Colombia y sus políticas educativas

Los elementos distintivos de las políticas y reformas educativas de los años noventa incluían: completa hegemonía de la concepción, según la cual la función prioritaria de la educación es la adecuación de los individuos para responder a las exigencias de los cambios económicos y al progreso científico y tecnológico; la instauración de la calidad y equidad como ejes de la política educativa; primacía del análisis económico y de los economistas en la toma de las decisiones educativas; mayor presencia financiera y técnica de los organismos internacionales en la política educativa; la parición de nuevos actores y protagonistas, entre los cuales se destacan el empresariado, las ONG y los padres de familia, quienes entran a participar de una manera más directa tanto en la concepción como en la ejecución de la política educativa; los directores y rectores comienzan a ser formados en la idea de gerentes y administradores; la educación básica, y en particular la educación primaria, es definida como prioritaria; los aspectos financieros y administrativos ocupan un lugar prioritario en las reformas educativas, y dentro de éstos la descentralización y la autonomía escolar; y por último, la evaluación de resultados, la información pública y la rendición de cuentas se erigen como los criterios centrales para el control de las instituciones educativas.

Se supone que en algunos desarrollos y reglamentaciones legales de la Constitución del 91 y en los planes generales y sectoriales de desarrollo de los tres últimos gobiernos, principalmente en las medidas que componen la contrarreforma educativa de la administración Pastrana, la política educativa oficial del último decenio se rigió en lo primordial por las concepciones, tendencias y políticas educativas internacionales que se acaban de mencionar. Esta realidad no deberá extrañar, si se tiene en consideración que desde el mismo momento en que Colombia se matriculó en la propuesta del desarrollo ideada por las potencias capitalistas occidentales para sacar del atraso y la pobreza a los países del tercer mundo, la educación nacional ha estado sujeta por las concepciones y políticas promovidas desde dicha propuesta.

Hay que resaltar que aunque estas concepciones y políticas tienden a ser cada vez más semejantes, su aplicación en cada país depende de diferentes factores, especialmente de la política económica y fiscal del gobierno de turno, la cual a su vez, se formula y ejecuta conforme a las exigencias, recomendaciones o consejos de los organismos multilaterales de crédito. Colombia no ha sido la excepción. Pues el anhelo de democratizar la educación en Colombia ha sido una constante a lo largo de toda nuestra historia: Cada gobierno promete el sueño de una formación escolar universal, obligatoria y gratuita, que permitirá a las clases sociales más desfavorecidas, la posibilidad de acceder a mejor calidad de vida. Decimos sueño, porque en Colombia la cuestión educativa aún no constituye una prioridad nacional. Siempre sujeta al vaivén de las preocupaciones coyunturales, mezquinos intereses y juegos de poder, ocupa hoy un último renglón de los gastos presupuestales -honroso lugar compartido con la inversión en Salud, por supuesto.

En la Colombia rural de principios del siglo XX, todo intento por volver la instrucción elemental obligatoria se vio frustrado por la negativa de los padres a que sus hijos esquivaran el trabajo en los campos, por ir a perder el tiempo en las escuelas. Las élites, en cambio, pagaban preceptores privados o enviaban a sus hijos a los escasos establecimientos privados administrados por la Iglesia. Con la industrialización de ciertas regiones, el crecimiento demográfico y la emigración hacia la ciudad, una nueva generación de padres exigió al Estado escuelas públicas para sus hijos –ya que las únicas existentes eran propiedad de particulares o del clero- Sin embargo, el gobierno tenía otras preocupaciones, y como dijimos anteriormente, la educación no figuraba entre ellas.

De hecho, el desarrollo de la educación en Colombia no tiene lugar sino porque se perfeccione la educación privada, primero reservada a las élites y luego abierta poco a poco a las clases medias, lo que le permite al Estado concentrar sus acciones en las clases medias y populares. Esta estructura no es nueva: desde la época colonial a cada categoría social corresponde una línea educativa definida y el paso de una a otra es excepcional. Prácticamente desde los años 1950 hacia acá, las clases medias y superiores envían a sus hijos a la enseñanza privada desde la escuela primaria.

El sector público empezó a cubrir exclusivamente las clases más populares y, por ende, a ser despreciado. Aquí el aporte de la Iglesia a la obra educativa del Estado es fundamental. Este último, por razones de presupuesto, de infraestructura y de personal, no pudo rechazar el apoyo de la Iglesia, y por eso la estimula concediendo subsidios a los establecimientos privados. El resultado es que aún en periodos de modernización, la enseñanza confesional no es puesta directamente en cuestión y su peso no disminuye.