Sabemos que las políticas educativas que en el último decenio han dominado en las esferas gubernamentales y concentrado los esfuerzos de los organismos de planeación y hacienda del país son: la reducción del gasto público en educación o, en el menos malo de los casos, la disminución o control de su crecimiento; el mejoramiento de la gestión del sector; la adopción de la eficiencia, la equidad, la calidad y la eficacia como ejes de la política educativa; el fortalecimiento de la educación privada; la introducción de la evaluación y el control social como estrategias para mejorar la calidad y la gestión de la educación; el centramiento de la actividad de la institución escolar en el aprendizaje; la implantación de un sistema de información como instrumento para el mejoramiento de la gestión y la calidad; y por último, la flexibilización de las formas de vinculación y remuneración de los maestros.
Era objetivo nacional regular la reducción y control del gasto público en educación teniendo en cuenta la sustitución de la financiación a la oferta por la financiación a la demanda, que se promueve a través de la asignación de subsidios a las familias pobres para pago de matrícula y pensión en instituciones privadas (esto incluiría la contratación por parte del Estado de servicios educativos con organizaciones particulares, la entrega en concesión de colegios oficiales a instituciones educativas privadas y la oferta de crédito tanto a las familias como a las instituciones).
Además, el Estado se habría de preocupar por la focalización del gasto público en los más pobres (estratos uno y dos), que implica concentrar el esfuerzo estatal en la financiación de la educación básica primaria y secundaria y el esfuerzo de las familias en la financiación de la educación media y superior, por la redistribución el gasto del gobierno central en educación hacia las regiones geográficas con menor oferta de cupos en el nivel de educación básica primaria y por aplicación del mandato constitucional de la gratuidad solamente para los estratos uno y dos, entre otras medidas.
Sin embargo, en la época actual, el fracaso del Estado en su misión educativa se evidencia en la precaria situación de las escuelas, colegios y universidades del país. La llamada “Revolución educativa”, emprendida por la actual administración del señor Álvaro Uribe Vélez, ha empobrecido notablemente la calidad de la educación pública y -de manera indirecta- ha perjudicado algunas interesantes propuestas pedagógicas, emprendidas por pequeñas instituciones privadas.
La ampliación de la cobertura a la escolaridad elemental, se adelantó sin la correspondiente inversión en la adecuación y renovación de los establecimientos educativos ya existentes, y en la creación de los necesarios para suplir la gran demanda. El resultado: aulas hacinadas donde un solo maestro debe hacer frente a un conglomerado de no menos de cincuenta estudiantes. La inversión en la capacitación del docente es nula.
Hoy vemos que las Normales no abundan precisamente, y tal como lo hemos podido constatar a lo largo de la Licenciatura, los nuevos docentes se gradúan para seguir enseñando de la misma manera rutinaria que sus maestros les enseñaron, reproduciéndose generación tras generación la misma pedagogía, sin que se vislumbre una manera clara de romper este círculo vicioso.
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